La Junta desoyó quejas de alumnos con discapacidad sobre sus «malas condiciones»

En el frondoso sumario que sobre los cursos de formación instruye el juzgado número 5 de Huelva, se recogen múltiples ejemplos del presunto mal celo de la Junta en el control de los fondos con los que los subvencionaba. Hay un caso en el que los alumnos la acusan ante la Policía de desoír sus quejas sobre las «malas condiciones» que soportaron. Y con una peculiaridad: son personas con discapacidad.

Todo se recoge en el informe que los investigadores centran en la empresa Gobafrost, constituida en Huelva en mayo de 2010 y que tenía como administrador único a Jesús G. C. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le otorgó 192.555 euros, que no le llegaron a abonar en su totalidad –según la Policía se le pagó el 75%, según el empresario el 70–. ¿El destino del dinero? Cuatro cursos: uno de «Auxiliar de comercio exterior», otro de «Operario de procesos de la industria alimentaria», un tercero de «Actividades de venta» y el último de «Administrativo polivalente para pymes». Todos con 15 asistentes, excepto el último, con 10, y un compromiso de contratación del 60%.

Los alumnos relataron a los agentes que las instalaciones en las que se impartieron «no eran adecuadas para la docencia» ni estaban acondicionadas para «personas con discapacidad». Les explicaron que de inicio tuvieron que limpiar «la nave» y luego «montar» la maquinaria a usar, «siendo ésta de baja calidad y teniendo fallos cada dos por tres», hasta el punto de que uno de ellos «incluso tuvo un percance porque desarrollando sus labores», una de las máquinas «acabó por congelarle el brazo». Aseguraron también que «trabajaban a destajo» y «tenían problemas para coger el tiempo de descanso», pese a ser muy necesario por el frío que soportaban al realizar su tarea, sin sistema de calefacción. Uno de los beneficiarios del curso, transmitió a los investigadores que, «en su opinión, la empresa se aprovechó de los minusválidos para obtener» la ayuda, que los «jefes» fueron «muy duros» con ellos y les exigían «desempeñar funciones que a muchos les resultaban penosas debido a su discapacidad, como tener que arrodillarse cogiendo mucho peso» y querían que el trabajo fuera «perfecto».

Otro testimonio de «interés» para la Policía es el de M. R. G. M., a quien colocaron «en un puesto real de la administración de la empresa» y expuso que «durante cerca de un mes», la entidad «utilizó a menores procedentes de un centro de acogida de desamparados» para «realizar prácticas sobre los trabajos allí» desarrollados, lo que, a su juicio, suponía «un abuso laboral de dichos menores». Unos niños que al final de la jornada regresaban al centro con sus tutores «llevando en sus vehículos una gran cantidad de productos que la empresa les donaba», sostuvo.

En el informe policial consta que el alumnado fue «a denunciar las malas condiciones en las que se encontraban ante la Junta y lo que recibieron fueron respuestas evasivas». «Cada vez que se dirigían a ellos –se añade– les daban explicaciones distintas». Para los investigadores, Jesús G. C. «solicitó la subvención a sabiendas de que se utilizaría para cubrir los gastos de la entidad» y de que «se iba a incumplir con el compromiso de contratación». Junto a esto comunican al juzgado que los alumnos recibieron un trato no «adecuado», se sintieron como «meros instrumentos» para lograr la ayuda y fueron «coaccionados e intimidados para que realizaran las labores» cómo «quería la empresa, bajo amenaza de no ser contratados» al final de los cursos, o de ser «despedidos», una vez trabajando.

LA RAZÓN contactó con el empresario, quien admitió que pueden existir distintas «percepciones de lo que pasó» y que pudo «haber dado una mala contestación», pero quiso dejar claro que «no ha tratado mal» a nadie, como prueba el que no haya denuncia en ese sentido. Desconoce «de qué manera se le puede congelar un brazo» a alguien «en un proceso legal» como el que realizaban en la empresa. Suma que «puso en marcha aquel proyecto precisamente por solidaridad con los discapacitados» y que por el camino «lo ha perdido todo», ya que a Gobafrost la «crisis» se la llevó por delante. Afirma que «cumplió el compromiso de contratación y durante seis meses se dio de alta a los alumnos en la Seguridad Social» y desvela que ya ha declarado en el juzgado al que «entregó dos maletas de documentación». De acuerdo con su versión, cuenta con «todas las facturas para justificar los cursos», si bien «no se hizo el enlace con Gefoc –sistema informático con el que la Junta gestiona la formación–» porque contrataron a una empresa que «se quitó de en medio». «No soy un sinvergüenza ni un chorizo y lo hicimos lo mejor que pudimos», remata.

Ojeda tiene una cita hoy con la jueza Núñez Bolaños

La jueza María Núñez Bolaños ha citado a declarar hoy como investigado al ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación abonados con cargo a la Administración autonómica. La instructora convocó al ex titular de Hacienda a través de una providencia y a partir de las 11:30 horas, en el marco de la pieza separada relativa específicamente a su entramado empresarial, uno de los más beneficiados con los fondos.